Nueva ley obligará a empresas alemanas a actuar con debida diligencia dentro y fuera del país
Susanne Friess*
Ropa alemana cosida a mano por niños/as. Carros alemanes con materias primas extraídas por empresas mineras que destruyen el medio ambiente. Café en tazas alemanas recogido por trabajadores impedidos de organizarse en sindicatos. Estos y otros abusos similares se encuentran miles de veces en los productos alemanes. La etiqueta “Made in Germany” fue un sinónimo de calidad y del “comerciante honrado” en el pasado. Hoy en día, MISEREOR (la obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo) lamentablemente ha podido constatar en múltiples casos que esta frase es sinónimo de explotación, violaciones a los derechos humanos y destrucción de ecosistemas en los países donde empiezan las cadenas de suministro.
El pasado 12 de febrero el gobierno alemán anunció que por fin tomará medidas vinculantes contra estos abusos, y apoyará la adopción de una “Ley de Debida Diligencia” por parte del parlamento. El anuncio vino después de años de tira y afloja: una alianza grande de organizaciones de la sociedad civil, la “Iniciativa para la Ley de Cadenas de Suministro” y con ella también MISEREOR, más de 60 empresas de renombre y fuerzas progresistas del gobierno llevaban años exigiendo que las empresas alemanas fueran legalmente obligadas a respetar los derechos humanos y a proteger el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro.
La exigencia de una normativa vinculante encontró una férrea resistencia por parte de las poderosas asociaciones industriales y del Ministro de Economía alemán. Sin embargo, este paso debería haberse dado hace tiempo. Hace 10 años que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó sus “Principios Rectores en materia de Empresas y Derechos Humanos”. Posteriormente, Alemania elaboró un Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA). Entre otras cosas, se preveía en el Plan Nacional que las empresas alemanas se someterían a un proceso de monitoreo en el que se examinaría en qué medida las empresas con más de 500 empleados cumplen con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos. El resultado del proceso de monitoreo, publicado en octubre de 2020, fue devastador: sólo el 13 – 17 % de las empresas cumplían con los requisitos del PNA; el 83 – 87 % no cumplían. Este desastroso resultado quedó muy lejos del objetivo de un 50% de empresas cumplidoras que el gobierno alemán había fijado al inicio del proceso de monitoreo. El gobierno también había prometido aprobar una ley si las medidas voluntarias no lograban el objetivo. Con los malos resultados del proceso de monitoreo, ni siquiera las fuerzas conservadoras del gobierno pudieron borrar el tema de la mesa.
De esta manera, después de una larga lucha, el gobierno alemán ha anunciado la “Ley de Debida Diligencia”. La ley entrará en vigor en 2023 y se aplicará en una primera fase a las empresas con más de 3.000 empleados; en una segunda fase a partir de 2024 a las que más de 1.000 personas y, más adelante, tras una evaluación, posiblemente también a las empresas con 500 empleados. Una instancia gubernamental va a monitorear si las empresas alemanas cumplen con sus obligaciones de debida diligencia tanto en Alemania como en los países donde empiezan las cadenas de suministro. Si una empresa incumple sus obligaciones, la autoridad puede imponerle multas y excluirla de contratos públicos. Se trata de un gran paso adelante en comparación con las medidas voluntarias de antes.
Una de las principales deficiencias es que la ley de debida diligencia no prevé la responsabilidad civil para empresas en cuyas cadenas de suministro ocurren violaciones de derechos humanos. Sin embargo, un pequeño avance es que en el futuro ONGs y sindicatos podrán representar a las víctimas más fácilmente ante los tribunales alemanes.
El compromiso que ahora se negoció es un paso importante en la dirección correcta: “Made in Germany” no puede seguir siendo un sinónimo de violaciones a los derechos humanos en las cadenas de suministro de las empresas alemanas. Se ha dado un paso inicial para poner riendas al capitalismo salvaje. Sin embargo, también está claro que la ley es un compromiso con deficiencias. Las organizaciones de la sociedad civil alemana -entre ellas también MISEREOR- seguirán luchando por una ley más exigente.
Hay que destacar que la ley de debida diligencia de la economía más potente de Europa es también una señal importante para la Unión Europea. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea ya ha comenzado a elaborar una ley vinculante sobre las cadenas de suministro en el ámbito comunitario europeo ¡Al fin y al cabo, la debida diligencia tiene que ser vinculante no solamente en algunos países sino a nivel global! Porque la dignidad humana es inalienable, sea donde sea.
* Asesora de la agencia católica alemana MISEREOR y trabaja con organizaciones contrapartes de MISEREOR en la temática minera en toda América Latina
